El 11 de septiembre de 2024, el Consejo de Ministros portugués adoptó un proyecto de ley para aplicar la Directiva de la Unión Europea sobre Imposición Mínima (Directiva 2022/2523, en adelante la «Directiva»).
Esta Directiva tiene por objeto garantizar un nivel mínimo de imposición global para las empresas multinacionales («EMN») y los grandes grupos nacionales dentro de la Unión Europea («UE») con un volumen de negocios consolidado mínimo de al menos 750 millones de euros.
Todas las entidades que no pertenezcan a un grupo con un volumen de negocios consolidado mínimo de 750 millones de euros quedan fuera del ámbito de aplicación de la Directiva. Por lo tanto, las empresas del Centro Internacional de Negocios de Madeira (y que se benefician del tipo especial del 5% del Impuesto de Sociedades) no se verán afectadas, a menos que estén integradas en un grupo con un volumen de negocios mínimo consolidado de al menos 750 millones de euros.
De hecho, Portugal es un país caracterizado por microempresas y pequeñas y medianas empresas: no somos una jurisdicción típica de holding de EMN (como Irlanda, por ejemplo). Aunque no hay cifras públicas, estas nuevas normas deberían aplicarse a un número limitado de empresas portuguesas: se calcula que unas 3.000, pero no hay cifras oficiales.
Los Estados miembros de la UE acordaron la Directiva 2022/2523 el 15 de diciembre de 2022, para aplicar un impuesto mínimo global a las empresas multinacionales y a los grandes grupos nacionales en toda la UE, cumpliendo el compromiso de la UE de aplicar el acuerdo sobre la reforma fiscal global alcanzado por el Marco Inclusivo OCDE/G20 para luchar contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (las llamadas Reglas Modelo del Pilar 2 de la OCDE).
La Directiva establece un tipo impositivo mínimo del 15% para las empresas multinacionales dentro de la UE.
La fecha límite para transponer la Directiva a la legislación nacional era el 31 de diciembre de 2023, pero Portugal fue uno de los nueve Estados miembros que incumplieron esta obligación.
En consecuencia, el 25 de enero de 2024, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción emitiendo una notificación formal que daba un plazo de dos meses para finalizar el proceso y evitar nuevas sanciones - Portugal, obviamente, incumplió el plazo una vez más.
Al final se ganó el desafortunado plato de oro de ser el último Estado miembro de la UE en aplicar la Directiva, pero con la adopción prevista para las próximas semanas, el procedimiento de infracción debería cerrarse sin más trámite.
El texto completo del proyecto de ley está disponible aquí (sólo en portugués).