El Gobierno portugués ha propuesto recientemente un nuevo régimen de imposición de las stock options en Portugal. La atribución de opciones sobre acciones es un medio de remuneración elegido habitualmente por las empresas de nueva creación que desean atraer o retener talentos, en el contexto actual de globalización del mercado laboral.
Las opciones sobre acciones son una forma de remunerar a los trabajadores/directivos mediante contratos de opción de compra de acciones de la propia empresa. En resumen, se da al empleado o directivo la opción (pero no la obligación) de comprar acciones de la empresa para la que trabaja por un valor determinado, lo que funciona como herramienta de retención y atracción de talentos.
El Gobierno portugués ha presentado recientemente la Propuesta de Ley nº 56/XV/1 (la "Propuesta"), destinada a crear un nuevo régimen fiscal para las opciones sobre acciones.
Según los términos de la Propuesta, las plusvalías realizadas por los trabajadores tributarán únicamente al 50% de su valor y estarán sujetas a un tipo especial del 28% a efectos del IRS (alcanzando así un tipo efectivo del 14%), siempre que los derechos subyacentes a los valores que generen las plusvalías o los derechos equivalentes se mantengan durante un periodo mínimo de 1 año.
Además, cesa la tributación de las plusvalías obtenidas por los trabajadores en el momento del ejercicio de la opción (es decir, el momento en que el beneficiario decide ejercer su opción sobre acciones), introduciéndose un diferimiento al primero de los momentos siguientes:
No obstante, quedan excluidos del acceso a este régimen fiscal los miembros de los órganos sociales y los contribuyentes que posean, directa o indirectamente, una participación no inferior al 10% del capital social o de los derechos de voto de la entidad que concede el plan (salvo que, en el ejercicio anterior a la concesión del plan, la entidad estuviera calificada como pequeña o mediana empresa).
Este nuevo beneficio podrá aplicarse a un número significativo de entidades, tales como (i) start-ups (cuyo concepto se densifica en la Propuesta), (ii) microempresas, pequeñas o medianas empresas, (iii) empresas de pequeña-mediana capitalización o (iv) cualquier entidad que desarrolle su actividad en el ámbito de la innovación, considerando como tales a las entidades que hayan incurrido en gastos con I+D, patentes, diseños industriales o software equivalentes al menos al 10% de sus gastos o volumen de negocio.
Hay que señalar que la propuesta está siendo debatida en el Parlamento portugués y, como tal, aún puede sufrir enmiendas y mejoras para colmar algunas lagunas.
Si se aprueba, como se espera, el régimen entrará en vigor el 1 de enero de 2023, lo que situará a Portugal a la altura de los regímenes más competitivos de la Unión Europea.
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