Todas las actividades industriales necesitan autorización, no solo para asegurar la protección de la salud pública, la seguridad y la higiene de los lugares de trabajo, la seguridad de las personas y los bienes, sino también la correcta ordenación del territorio, la protección y la defensa del medio ambiente, a través de la prevención y reducción de los efectos nocivos de la contaminación.
Actualmente, las licencias de los establecimientos comerciales son, por norma general, competencia exclusiva de la administración local, y se les aplica el régimen jurídico urbanístico y, a efectos de licencia de obras y de utilización, se rigen por la legislación aplicable a las obras particulares.
Las empresas portuguesas se rigen por el Código de Sociedades Mercantiles, que define la forma jurídica de las empresas y regula todos los aspectos formales y funcionales de su existencia y de sus diferentes agentes. A continuación, se enumeran algunos de los aspectos jurídicos más relevantes.
Una empresa cuya sede efectiva se encuentre en Portugal puede transferirla a otro país, si la ley de dicho país lo permite. La empresa, en este caso, mantendrá su personalidad jurídica.
Los socios de una empresa en Portugal pueden ser personas físicas o jurídicas. Como en Portugal no existen restricciones a la entrada de capital extranjero, no es obligatorio que las sociedades portuguesas tengan un socio residente en este país.